Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por el incremento de la desinformación y los discursos que incitan a la violencia y al odio. El Estado, los actores políticos, los medios de comunicación, el periodismo, las empresas de plataformas digitales y las instituciones en general tenemos la responsabilidad de tomar medidas activas en pos de garantizar condiciones democráticas para el debate público.
Los medios de comunicación y las redes sociales son un espacio cotidiano de circulación de información e interacción de millones de personas: son el escenario del debate público. Lamentablemente, la desinformación y los discursos que incitan al odio se vienen incrementando, lo que socava la posibilidad de tener un debate diverso, plural, sin violencia ni discriminación.
Los discursos críticos, el disenso y la expresión de opiniones negativas son parte fundamental de la democracia y deben ser protegidos. Las alarmas deben encenderse cuando lo que comienza a circular masivamente no es la crítica sino la intención de incitar a otros a discriminar, a ser hostiles o violentos contra personas o grupos determinados.
Es fundamental que el ejercicio del derecho a expresar nuestras opiniones y disensos se lleve adelante con ética, con responsabilidad, respetando las buenas prácticas profesionales y en el marco de las leyes. Llamamos a la sociedad toda a adherir a esta declaración, comprometiéndonos a generar, promover y difundir conversaciones críticas, plurales, diversas que fortalezcan el debate público para una convivencia social respetuosa del estado de derecho y la democracia.
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